El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a 366 «adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado» de las tomas a colegios secundarios a través de 25 denuncias penales a la vez que informó que «están en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85».
«El Ministerio de Educación porteño envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas», afirmó el Gobierno porteño en un comunicado.
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